Julio Fontanet
Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. (Archivo)

El Tribunal Supremo emitió ayer una resolución en la que ordena bajar de 596 a 569 puntos la puntuación mínima o nota de pase en la reválida que tomaron los aspirantes a ejercer el Derecho General.

La puntuación de la reválida para Derecho Notarial se mantuvo inalterada en 596 puntos.

Los decanos de las tres escuelas de Derecho acogieron como bueno el cambio, pero hicieron un llamado a atender el reclamo que han hecho durante varios años en torno al examen.

La resolución indica que la vigencia de la nueva puntuación mínima se aplicará retroactivamente a las reválidas que se administraron desde marzo de 2022 en adelante.

Con este cambio, 72 aspirantes adicionales aprobaron el examen de admisión a la abogacía, para un total de 154, lo que representa 42% de aprobación.

El ajuste es el resultado de un estudio psicométrico que se le encomendó al doctor Chad W. Buckendahl, a través de la firma ACS Ventures, para evaluar el desempeño de los estudiantes. Este estudio concluyó que en 2020 los aspirantes a ejercer la abogacía estaban menos preparados que los candidatos examinados anteriormente.

Sin embargo, la Comisión Especial para Evaluar la Nota de Pase de las Reválidas de Derecho General y Derecho Notarial, nombrada en marzo de 2021, “no identificó con precisión la razón para el descenso en el desempeño de los y las aspirantes”.

La comisión especial sostuvo que posteriormente se podrían hacer estudios más exhaustivos para identificar las razones, pero también concluyó que los parámetros de reclutamiento y admisión de las tres escuelas de Derecho son similares y no han variado significativamente.

Preparación de los estudiantes

Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, expresó que se requiere más explicación sobre el descenso en los niveles de preparación de graduados en Leyes, porque la comisión no pudo establecer las causas.

“La información que nos da nuestro psicómetra es otra: el problema siempre ha sido el examen. Es evidentemente una buena noticia que se ajuste la nota de pase, porque es un reclamo que venimos haciendo la decana Vivian Neptune (de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico), el decano de la escuela de la Universidad Católica (Fernando Moreno Orama) y yo, desde hace tiempo”, expuso en declaraciones a EL VOCERO.

A su juicio, se tiene que revisar también el valor relativo de las secciones de selección múltiple y preguntas de discusión, los cambios en la práctica de la profesión y el proceso de aprendizaje, así como los adelantos en la tecnología y su efecto. Aseguró que hay que mirar la confección y validación y la corrección de los exámenes.

“Hay una agenda allí pendiente. Yo creo que esto le hace justicia a unos estudiantes en particular, pero todavía hay señalamientos muy serios en cuanto al examen de reválida que tanto el Supremo como la junta de reválida tienen que evaluar”, dijo Fontanet.

“Yo creo que está claro que el problema no son las escuelas, porque han mantenido su criterio de admisión exigente, se han mantenido, incluso con la disminución en la población… tú comparas los perfiles de admisiones de hace años y los del presente, son similares. No ha habido un relajamiento en las normas de admisión. Yo creo que eso se concluye categóricamente”, señaló.

Fontanet criticó los cambios recientes implementados por la junta de reválida sin llevar a cabo consultas o aceptar retroalimentación de las escuelas de Derecho. Mencionó como ejemplo la reducción de dos días a un día para completar la prueba.

“No hubo la apertura para ver si era o no deseable. Yo creo que es prejudicial al estudiante. Un solo día implica que las materias están más combinadas y menos tiene el estudiante la oportunidad de demostrar su dominio y conocimiento del Derecho en un día que en dos días”, apuntó.

Por su parte, Moreno Orama considera que el ajuste en la nota de pase debió pasar hace 20 años, porque el estudio del Derecho ha cambiado en los últimos 37 años, desde que se estableció por última vez la puntuación mínima. Afirmó que desconoce a qué se refiere el informe de ASC Ventures sobre la baja en la preparación de los estudiantes.

“Pensaría yo que es una cuestión general de educación, de las fallas de nuestro sistema educativo a través de las décadas, que obviamente las que haya en la escuela elemental se van a reflejar en algún punto en las escuelas graduadas… De todos modos, es un primer paso en la dirección correcta”, afirmó.

Revaluación no ha terminado

Según Moreno Orama, hay que revaluar el contenido del examen, qué materias se examinan, por qué se examinan unas sí y otras no y la cantidad de material que se cubre.

Sostuvo que lo ideal es asegurar que una persona tiene las competencias mínimas para ejercer la abogacía y no debe medir quién es más inteligente o quién tiene más capacidad de memorización.

“Las leyes están en los libros, no hay que sabérselas de memoria… se debe medir el desempeño de una manera más realista, con tareas específicas, no la memorización de doctrinas que repites en el examen”, expuso.

El decano explicó que los estándares de acreditación de las tres escuelas de Derecho cumplen a cabalidad con lo que dispone la American Bar Association, incluyendo el perfil de las admisiones, las estadísticas de cuántas personas ejercen la abogacía después de graduarse, las notas y cuánta gente sale por mal desempeño.

“Cumplimos con todos, excepto la reválida… que establece que el 75% de los egresados debe pasar la reválida en un periodo de dos años después de graduarse… y que es el único factor externo que desde las universidades no controlamos”, puntualizó Moreno Orama.

Neptune, por su parte, expresó mediante declaraciones escritas que es un buen primer paso, pero afirmó que “hay muchos otros señalamientos sobre la elaboración del examen que hemos planteado las escuelas, que no han sido atendidos. El informe y los apéndices de la resolución tienen 652 páginas. Estamos en el proceso de leer y evaluar todo el material provisto”.