Profesor Carlos Gorrín Peralta – Inter Derecho / Nombramientos Políticos a la Judicatura

Hay varios modelos para la designación de jueces. Algunos responden exclusivamente a credenciales académicas y experiencia en la abogacía o la judicatura, con abstracción de criterios políticos. Otro modelo es todo lo contrario: el pueblo vota por candidatos a puestos judiciales, dentro de la dinámica política que esto implica. Otras variantes híbridas incluyen la designación por las ramas políticas del gobierno. En unas, para asegurar diversidad en la judicatura, no más de cierto número de plazas del Tribunal Supremo pueden ser del mismo partido político. En otras, la facultad de nombrar recae en diversos organismos de las tres ramas.

En otros sitios no se regula el ejercicio de la discreción política, como ocurre con la designación de jueces federales en los Estados Unidos. Como tantas otras cosas que copiamos, este es el modelo que impera en nuestro país. Todo nombramiento judicial es una decisión política sujeta a la discreción de la rama ejecutiva, con el “consejo y consentimiento” del Senado.

Cuando el mismo partido político controla tanto la gobernación como el Senado, son escasísimos los ejemplos de nombramientos de personas de otros partidos. La judicatura se convierte en atractiva fuente de nombramientos de personas fieles al gobierno. Cuando la rama ejecutiva y el Senado están en manos de partidos distintos, en la negociación resultante pueden considerarse criterios académicos y profesionales, y el “temple judicial” de la persona nominada, por encima de la afinidad político partidista. Siempre estarán presentes consideraciones ideológicas, es decir, las ideas de la persona nominada sobre asuntos controversiales.

Por supuesto, evaluar criterios académicos, profesionales e ideológicos presupone un análisis cuidadoso, con participación de diversos sectores. No se puede hacer “a la carrera”. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora en Puerto Rico. Entre más de cien nominaciones, la gobernadora acaba de anunciar una para llenar la vacante que surgirá dentro de unos días en el Tribunal Supremo. Había trascendido en los medios que su candidata no contaría con los votos necesarios en el Senado, pero que el gobernador electo y la comisionada residente la apoyan. Al hacer el anuncio indicó que lo hacía a pesar de que el presidente del Senado había presionado para que se le nombrara a él para llenar esa vacante.

Parece que es secundaria la evaluación de criterios académicos y profesionales, y que prevalece una pugna intestina dentro del propio partido de gobierno, para atornillar el mayor número de sus fieles seguidores, porque en enero controlará la rama ejecutiva, pero no la legislativa. Para llenar una plaza en el Tribunal Supremo se pretende designar a una persona en medio de una pandemia, en plena Navidad, apenas unos días antes de que termine el gobierno actual. ¿Qué consideración seria puede darse del récord académico, la experiencia profesional y judicial, y el temple judicial de la persona nominada? Si el Senado diera su consentimiento y la gobernadora extendiera el nombramiento, la nominada asumiría su cargo bajo la nube gris de que su designación no respondió a sus méritos sino a una lucha política desesperada del partido en el poder. Tanto la nominada como el pueblo merecen más respeto.