El cuidado de los más vulnerables es responsabilidad de todos, de la familia, la comunidad y el estado. Solo podemos justificar un aparato gubernamental tan costoso como el nuestro, si es para velar por el bienestar de aquellos que más lo necesitan, por su edad temprana o avanzada, por ser víctima de violencia, por condiciones de salud o diversidad funcional o por ser parte de un grupo atacado y discriminado históricamente. Nos toca preguntarnos si, como país, continuamos soñando con la idea de garantizar los derechos de las mujeres y la niñez, así como la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad.