En Puerto Rico hasta el presente el aborto no es un problema. No llegan a los hospitales mujeres desangrándose por abortos ilegales, caseros o clandestinos. No encontramos mujeres privadas de libertad en las cárceles del país por abortos realizados de forma ilegal.

No hay un problema ni de salud ni legal ni ético, AHORA. Pero, si el sector ultraconservador y fundamentalista que se ha tratado de apoderar de la palestra pública y de los poderes políticos de Puerto Rico continúa demonizando el servicio de salud legal y necesario de terminación de embarazos, sí se va a convertir en un gran problema no solo para las mujeres y personas gestantes sino también para la profesión médica, las familias y la sociedad en su conjunto.

Sépase que en los países en que el aborto está prohibido y en los que se han impuesto limitaciones de notificación a padres, tutores, maridos, policías, jueces y a otros actores las personas que necesitan el servicio acuden a abortos clandestinos, ilegales e inseguros. Esas medidas no han erradicado las terminaciones de embarazos no deseados. Todo lo contrario, han generado muertes de miles de mujeres por abortos clandestinos y han aumentado los reclamos a hospitales para atender mujeres que sufren septicemia, hemorragias y otras consecuencias de un proceso mal realizado. También han provocado la erosión del privilegio médico-paciente, pues obligan a los médicos, enfermeras y hospitales a denunciar a las autoridades policiacas cualquier situación sea de aborto espontáneo o clandestino que requiera atención de salud. Han provocado largos encarcelamientos de mujeres acusadas conforme a leyes retrógradas. No han parado los abortos, los han empujado al clandestinaje.

Este impacto dañino lo causan hoy en Puerto Rico las personas que promueven medidas para obligar a quienes proveen servicios de aborto a exigir el consentimiento de los progenitores o tutores y a notificar a las autoridades cuando una mujer joven procura el servicio. ¿Qué van a hacer las jóvenes que enfrentan un embarazo no deseado producto de una relación cuyos progenitores no aprueban? ¿Qué van a hacer las jóvenes que enfrentan un embarazo no deseado causado por una relación consentida con otro joven adolescente ante la posibilidad de que ese joven sea acusado del delito de agresión sexual, que acarrea altas penas de privación de la libertad? ¿Qué van a hacer las jóvenes que enfrenten un embarazo no deseado causado por una agresión sexual por parte de un integrante de su familia ante la perspectiva de que si procura el servicio de aborto tenga que enfrentar también un proceso penal contra su pariente y otro contra su madre o padre por maltrato o por negligencia?

¿Cuál será el resultado de la demagogia y de la politiquería del sector legislativo ultraconservador y fundamentalista en torno a un servicio de salud que hasta el presente se ha prestado sin problemas y bajo reglamentación adecuada? La clandestinidad, la muerte de mujeres y personas gestantes, la criminalización de un servicio de salud que debería ofrecer el estado libre de costo y en condiciones salubres, legales y seguras.