Seguí muy de cerca, con asombro, el bochornoso espectáculo al que una facción de la Asamblea Legislativa sometió al Poder Judicial el pasado domingo, al rechazar los justos reclamos salariales de los jueces de nuestro país, cuya última revisión salarial, dicho sea de paso, ocurrió hace 22 años.

Los legisladores esgrimieron como justificación para ese rechazo argumentos de claro corte populista, contrarios a la verdad que consta y, además, a la realidad jurídica imperante. Cabe señalar que el concepto populismo se define en el Diccionario de la Real Academia Española como: “práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular” y, en su segunda acepción, como una “degradación de la democracia” (DRAE 2014). Y en ese sentido, se le vincula con actitudes caudillistas y autoritarias poco edificantes, que degradan evidentemente la democracia de un país.

Los populistas se mercadean ante los electores como los válidos representantes del pueblo en contra de las llamadas élites, concitando aspectos emocionales para enmascarar sus intereses puramente electoralistas en búsqueda, en muchas ocasiones, de votos allí donde no los hay. Al así actuar, desnaturalizan el hecho cierto, desdibujan la verdad que siempre les resulta incómoda, destierran el diálogo veraz y el consenso. Esa tendencia ideológica es perniciosa para la democracia y contraria a nuestros valores morales.

Al rechazar considerar y debatir sobre las medidas que aumentan el salario de los jueces puertorriqueños, los legisladores obviaron hechos relevantes y ciertos que conocen y que objetivamente exigían un resultado distinto al adoptado. A modo de ejemplo, menciono solo algunos:

En primer lugar, hay que destacar que la Junta de Supervisión Fiscal autorizó, para el año fiscal 2023-2024, una partida de hasta $37.8 millones para revisar los sueldos de empleados y jueces. De dicha cantidad, $11.2 millones fueron designados para los salarios de los jueces y las juezas de nuestro país, y el remanente, $26.6 millones, para poner en marcha el Plan de Clasificación y Retribución de todos los empleados del Poder Judicial.

Esta información le consta a la Asamblea Legislativa, tanto por escrito como verbalmente, como resultado de los trámites y de la interacción ordinaria entre los distintos componentes de las ramas del gobierno -Judicial y Legislativo- con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal durante estos procesos. Aquí no hay sorpresas. Y aunque sea antipático hay que decirlo, es la Junta quien aprueba o desaprueba el Plan propuesto. Es la Junta quien asigna o no asigna el dinero necesario para ponerlo en acción.

Como sabemos, es una verdad dolorosa pero cierta, que luego de la aprobación de la Ley Promesa, en materia de asuntos fiscales, es a la Junta de Supervisión Fiscal a quien le corresponde tomar las medidas correspondientes en estos asuntos. Y además, que su determinación en estos aspectos es final. Puede que no nos guste esa verdad de Perogrullo, con razón, pero eso no cambia la realidad jurídica imperante en el Puerto Rico de hoy. Para poder cambiar ese hecho objetivo que nos desagrada, lo primero que tenemos que hacer como país es contar con una legislatura que actúe de manera distinta a aquellas cuyas actuaciones en el pasado nos trajeron hasta aquí.

Una Legislatura seria y responsable, que rechace al populismo, no que lo adopte; que se enfrente a la verdad y a la realidad jurídica existente en esta etapa de nuestra historia, y que como resultado de ello actúe en consonancia con estas. Que no busque soluciones cortoplacistas que granjeen halagos momentáneos que pronto se desvanecen, sino todo lo contrario. Cualquier pataleo que no parta de esa realidad, es eso, una protesta vacua que nada soluciona.

En segundo lugar, se encuentra ante la consideración de la Junta de Supervisión, para su aprobación y certificación, el Plan de Clasificación y Retribución de los restantes empleados del Poder Judicial. Se está a la espera de que la Junta lo certifique, lo que, según ha trascendido públicamente, debería ocurrir en los próximos días. Una vez ello ocurra, el próximo paso, y nuevamente como es de rigor, le corresponderá al Poder Judicial siguiendo el trámite administrativo correspondiente. Para lo cual no se necesita acción legislativa alguna. Abrogarse los legisladores esa facultad es improcedente. Decir lo contrario es darle la espalda a la verdad.

Considero que sería contrario al orden constitucional y a la separación de poderes que anima nuestra Constitución, que la Asamblea Legislativa le imponga a otro poder constitucional cómo debe remunerar a sus empleados. Este es un asunto claramente interno y administrativo del Poder Judicial. Igualmente improcedente sería pretender modificar las determinaciones validadas por la Junta de Supervisión Fiscal para los correspondientes aumentos, como tal parece que les interesa a algunos legisladores.

Más grave e indignante aún, desde mi punto de vista, es el hecho cierto de que esos legisladores parecieron estar dispuestos a considerar este asunto el pasado domingo y en días anteriores al último día de sesiones. Valga recalcar aquí que efectivamente había los votos para la aprobación del proyecto de ley en ambas cámaras legislativas. Eso que no se ponga en duda.

Al comenzar la sesión, se despejó toda duda sobre qué ocurriría con el proyecto que pretendía hacer justicia salarial a los jueces de nuestro país, al escucharse desde el hemiciclo una diatriba populista y desafortunadamente irrespetuosa, con medias verdades e información incorrecta y acomodaticia. Esta falta de respeto institucional al Poder Judicial, un Poder Constitucional co-igual con el Legislativo, es poco edificante para la vida democrática de nuestro país y más propio de quienes han internalizado y hecho propias las actitudes y prácticas populistas.

Puerto Rico enfrenta enormes retos de presente y futuro que requieren que los poderes públicos estén a la altura de los tiempos si es que queremos enfrentar con seriedad, madurez y compromiso esos retos. Se requiere que los ciudadanos podamos confiar en la sensatez, la honestidad, el compromiso con la verdad, la valentía, el trato justo a la gente, a toda la gente, y que podamos confiar también en el cumplimiento de la palabra empeñada de nuestros representantes. La dignidad del quehacer público así lo exige.

Es con hondo pesar que debo concluir que esa dignidad del quehacer público estuvo ausente en la Casa de la Leyes el último día de sesiones. ¡Qué lástima! Puerto Rico merece otra cosa.