En una contienda electoral, los partidos que participan de esta son, evidentemente, adversarios. Cada uno quiere ganar y vencer a los demás. Pero, como todo buen juego de baloncesto, es importante que las reglas del juego estén claras desde el principio, sean justas para cada participante y, sobre todo, sean acordadas por todo el mundo antes de iniciar la contienda.

De esa manera, se logran varios objetivos. Primero, evitar que nadie tenga una ventaja indebida, de forma que el que gane lo haga limpiamente. Segundo, crear las condiciones para que los perdedores acepten el resultado por entender que fue justo. Parte indispensable de una democracia es reconocer una derrota limpia. Si los Warriors vencen a los Lakers, que sea porque jugaron mejor, no porque el árbitro es fanático de San Francisco o porque, como campeones del torneo anterior, los Warriors deciden unilateralmente que una güirita de Lebrón James valdrá dos puntos, mientras que las de Steph Curry valdrán tres.

En ese sentido, las elecciones tienen dos componentes contradictorios, pero perfectamente lógicos: cooperación y coordinación en cuanto a las reglas de juego, pero adversidad y competencia en el juego como tal. Si bien el resultado de la elección producirá mayorías y minorías, la administración de la elección debe realizarse en igualdad de condiciones para todo el mundo.

Por eso, en las democracias avanzadas, las normas electorales no pueden ser adoptadas meramente por uno o dos partidos, a exclusión de los demás. Por el contrario, deben ser adoptadas por todo el mundo. Además, reconocen los mismos derechos y condiciones a todos los partidos, sean de mayoría o minoría, grandes o pequeños.

Históricamente, las normas electorales en Puerto Rico se adoptaban por consenso entre todas las fuerzas políticas participantes. A su vez, las estructuras que administraban los eventos electorales canalizaban adecuadamente la participación de todos los partidos. De esa manera, se evitaba que un solo partido impusiera reglas electorales que le beneficiaran y perjudicaran a los demás.

Esta práctica histórica comenzó a cambiar a principios del siglo XXI, curiosamente, cuando comenzaron a nacer nuevas fuerzas electorales que retaron a los partidos tradicionales en Puerto Rico. En el 2020, en medio de una pandemia y poco antes de unas elecciones cerradas, el Partido Nuevo Progresista impuso, con la objeción de todas las demás fuerzas políticas del país, un Código Electoral nuevo. No debe sorprender a nadie que el contenido de ese nuevo Código favoreció grandemente, pues, al PNP. El efecto práctico de esa movida fue convertir a la Comisión Estatal de Elecciones en otra agencia más dominada totalmente por el gobierno de turno. Tampoco debe sorprendernos que, desde entonces, la gran mayoría de las decisiones tomadas por ese organismo coinciden con la postura del PNP. Pura casualidad.

En las elecciones de 2020, el Partido Popular Democrático tomó control de las cámaras legislativas. Pero, tras prometer deshacerse del Código vigente, optó por consolidar el control del PNP sobre el proceso electoral a cambio de pocas migajas, dejando fuera a fuerzas políticas que suman más del 30% de los votos en Puerto Rico.

Las nuevas enmiendas al Código Electoral propuestas en la Legislatura concentran el poder en la CEE a dos niveles. Primero, para el partido que ganó las elecciones pasadas (léase, el PNP). Segundo, a los partidos que llegaron primero y segundo en dichas elecciones (léase, el PNP y el PPD). Lo que antes se hacía mediante Balance Electoral (léase, todos los partidos igualmente representados), ahora se hace mediante Balance Institucional (léase, solamente el PNP y el PPD). Es decir, dos partidos que han perdido cerca de 30% de los votos en menos de ocho años ahora fortalecen su control sobre el organismo que tiene como objetivo, precisamente, asegurar la limpieza de los procesos electorales. Es decir, sacan cada vez menos votos, pero intentan aumentar su control sobre el organismo electoral del país, otorgándose una ventaja indebida en el camino. Así no se fortalece lo que queda de democracia en Puerto Rico. Si no hay consenso en cuanto a las reglas de juego, y si estas no tratan a todo el mundo por igual, se acabó el juego. El problema es que la democracia no es un juego.