En 1974, Juan R. Torruella del Valle fue designado juez de distrito federal en una década muy convulsiva para los Estados Unidos y Puerto Rico. Apenas se iniciaba como juez, se convirtió en uno de los primeros jueces federales en ordenar el cierre de una institución penal por violaciones a los derechos constitucionales federales de los confinados. Tras semanas de litigio intenso, en febrero de 1976 prohibía de forma inmediata nuevos ingresos y ordenaba la clausura permanente de la cárcel La Princesa, a ser efectiva unos meses más tarde. Sus expresiones al final de la orden aún retumban nuestra conciencia: “Nos sentimos obligados a decir que ha sido muy difícil escuchar la prueba en este caso sin una creciente indignación y tristeza sobrecogedora. La Princesa, nombre inapropiado, es un monumento notorio a la inhumanidad de los seres humanos sobre otros seres humanos”. Esta decisión se convirtió en la precursora del caso histórico que le seguiría: el caso conocido popularmente como Morales Feliciano.