EE.UU. y PR
Las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico. >Suministrada

Según informes en la prensa, el gobernador Pedro Pierluisi declaró en días recientes que entendía que era razonable incluir la ciudadanía americana bajo la alternativa de la libre asociación en el borrador de proyecto del Puerto Rico Status Act. A la vez que hizo estas declaraciones, el gobernador también declaró que no era el tiempo para promover un plebiscito criollo como lo autoriza la ley de Puerto Rico, y que para el mismo no hace falta el endoso del Departamento de Justicia federal. Estas expresiones del gobernador ponen de sobre aviso que su interés por adelantar a la estadidad está subordinada a su ambición política de cara a 2024.

Esta reiteración sobre la inclusión de la ciudadanía americana bajo la libre asociación invita varias observaciones. Primero, como se ha comentado extensamente, las probabilidades de que se apruebe en este Congreso una ley federal para atender el asunto del estatus de Puerto Rico es —seamos caritativos— remota. Aun suponiendo que se aprobara en el Comité de Recursos Naturales y en la Cámara de Representantes, con la ya anticipada oposición del Partido Republicano, no hay posibilidad que prospere en el Senado, menos en año de elecciones de medio término. Las expresiones del congresista Westerman, de que el borrador del proyecto de consenso no le fue consultado, dice mucho de la falta de seriedad en el proceso. La falta de realismo político y la probada inhabilidad de responder creativa y coherentemente a sus retos no hablan bien del liderato político estadista actual.

En su mejor luz, la aparente estrategia del gobernador, la comisionada residente y el PNP es obtener al menos un proyecto de ley que, aunque no culmine el trámite legislativo, sirva de modelo para futuros esfuerzos, incluyendo un plebiscito criollo.

La alegada razonabilidad de la inclusión de la ciudadanía americana en la alternativa de la libre asociación parte de un cálculo político que no está, a mi juicio, jurídica o políticamente justificado. Hay que subrayar que la ciudadanía americana de los puertorriqueños es de naturaleza estatutaria, y siendo Puerto Rico un territorio no incorporado, no está cobijada bajo la XIV Enmienda. En este aspecto, nada impide que el Congreso legisle bajo sus poderes plenarios la forma y manera en que los puertorriqueños de manera individual tengan que escoger entre la ciudadanía americana y la puertorriqueña bajo la hipótesis de la independencia en cualquiera de sus modalidades. Esta legislación sería el debido proceso de ley para retener la ciudadanía bajo el supuesto de un cambio de soberanía, algo análogo a como se hizo con la Ley Foraker (1900) con la ciudadanía española de los puertorriqueños.

La teoría peregrina de que los puertorriqueños pueden optar por la independencia y retener la ciudadanía americana parte de una lectura estreñida y sesgada de los estatutos federales en materia de ciudadanía e inmigración y no de los acuerdos entre naciones estados. La experiencia histórica de los Estados Unidos en este asunto ha sido que la ciudadanía sigue a la soberanía. Que sean los líderes del PNP los que estén endosando esta teoría, junto a otras propuestas como los de un plebiscito con resultados a priori vinculantes, acusa un agudo caso de insularismo de la historia y de la política de los Estados Unidos.

Es perfectamente entendible por qué los promotores de la independencia en cualquiera de sus modalidades favorecen, expresa o implícitamente, la inclusión de la ciudadanía americana en sus ofertas políticas. Electoralmente, y por razones que sobra explicar, es mucho más fácil abogar por las bondades de la independencia con ciudadanía americana que sin ella.

Lo que es a mi juicio un verdadero acto de impericia política es que el gobernador, la comisionada residente y el PNP le entreguen en bandeja de plata a su oposición su mejor carta de presentación: la ciudadanía americana. La creencia cuasi mística de algunos de que la estadidad va a prevalecer abrumadoramente en cualquier consulta de estatus, no importa bajo qué condiciones, esta desmentida por la historia reciente. Los opositores a la estadidad no tienen que ganar un plebiscito para detenerla. El plebiscito de 2020 es el ejemplo más reciente de este fenómeno.

Mediando un nuevo congreso en 2023, habrá que ver si los republicanos readquieren el control de la Cámara y el Senado. Baso esta hipótesis, y dada la hostilidad a la estadidad de un Partido Republicano secuestrado por el trumpismo, la única alternativa para mover el estatus será otro plebiscito criollo, con o sin aval federal. La administración de Biden no ofrece mucha esperanza en esta dirección. El borrador del proyecto de estatus que hoy nos ocupa muy probablemente siente la pauta de la discusión pública.

A ver cómo entonces se toman el agua que ahora están ensuciando. Bajo el escenario de que los demócratas retengan la Cámara y obtengan mayoría en el Senado —difícil proposición, por demás— habrá que ver la configuración de su liderato, en la cual seguramente Nydia Velázquez tendría nuevamente un rol protagónico. Nos esperan tiempos borrascosos.