El derecho al aborto no era un derecho estatuido al nivel federal. Emanaba de una opinión jurídica que protegía al derecho a escoger mediante el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad no surge en el texto explícito de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que es un derecho implícito de la Constitución Federal, aplicable a los estados mediante la quinta y decimocuarta enmienda como parte del debido proceso de ley sustantivo. Es ante el caso Roe v. Wade cuando el más alto foro judicial estadounidense determinó que el derecho al aborto estaba atado al derecho a la intimidad de una mujer para determinar si quiere terminar un embarazo.

Recientemente, el Tribunal Supremo Federal revocó los casos de Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey. Conjuntamente, estos casos establecían las protecciones y normas relacionadas al derecho al aborto. En Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, el Tribunal Supremo Federal, por voz del juez asociado Samuel Alito, expresamente revocó al derecho al aborto y los casos antes mencionados.

En particular, la opinión del alto foro judicial estadounidense argumentó que el derecho al aborto no está expresa o implícitamente protegido por ninguna cláusula de la Constitución Federal. La opinión determinó que la legalidad del aborto es un asunto de ley, a ser determinado por los representantes electos del pueblo.