El Proyecto Inocencia en Puerto Rico se propone radicar este año mociones solicitando la realización de nuevos juicios a seis personas convictas que podrían estar en la cárcel sin haber cometido los crímenes por los que fueron sentenciadas.

“Hay seis casos que estamos investigando y que esperamos poder radicarlos este año. Hay que recordar que la pandemia ha dilatado mucho la investigación de estos casos porque la visita a los confinados es problemática, es más lenta y el contacto con los abogados y testigos es más lento”, expresó Julio Fontanet, director del programa en la Isla.

Destacó que la pandemia no ha paralizado el proyecto, pero ha hecho más lento todo el trámite. “Nos dejan ir presencialmente a las cárceles, pero hay que hacer cita previa”, agregó el abogado.

“En estos seis casos, hay tres mujeres. Algo que nos ha llamado la atención y que hemos aprendido, es que el mismo discrimen que sufre la mujer en la libre comunidad, se manifiesta en el proceso penal”, aseguró Fontanet.

“Vimos un trato distinto a la mujer… un sistema de justicia injusto contra una persona por el mero hecho de ser mujer”, apuntó.

Cientos los presos injustamente

Las organizaciones que se dedican —como Proyecto Inocencia— a sacar inocentes de las cárceles, estiman que entre el 4% y el 6% de los confinados no cometió los delitos que se les imputan.

Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en Puerto Rico hay 7,115 personas presas, y pudiera haber entre 285 y 427 reos que no deberían estar en la cárcel.

“Estamos claros que sobre el 90% de las convicciones son correctas. Lo que pasa es que un solo inocente preso es una injusticia”, afirmó Fontanet.

“Como abogado, profesor, puertorriqueño… aspiro a tener un sistema de justicia penal lo más perfecto posible. Uno no puede dormir tranquilo sabiendo que existen inocentes presos y uno hace lo indecible por lograr su excarcelación”, indicó.

El licenciado agregó que el sistema de justicia penal “es manejado por seres humanos. Es lógico que habrá errores. Por lo tanto, nuestra finalidad como ciudadanos y juristas es que cada día hayan menos errores y que tengamos la capacidad de reconocer esos errores y excarcelarlos lo más pronto posible”.

Fontanet considera que una vez se detecta que hubo error en el juicio o en el proceso legal, no debería tomar años excarcelar a una persona injustamente presa.

“El problema es que radicamos una moción de nuevo juicio o para las pruebas de ADN y estamos cuatro años en ese asunto. ¿Por qué hay que esperar cuatro años? ¿Por qué el estado, en vez de obstruir la gestión de lograr la excarcelación de alguien encarcelado erróneamente, no nos facilita ese trámite?”, cuestionó. “Siempre se oponen. Siempre obstaculizan”, aseguró el letrado.

Según se informó, Proyecto Inocencia está impulsando el Proyecto 56 del Senado (P. del S. 56) que está ante consideración legislativa, para crear una Junta de Revisión de Condenas Erróneas que se dedicaría exclusivamente a revisar las solicitudes de nuevo juicio.

Esta medida fue aprobada el cuatrienio pasado, pero la entonces gobernadora Wanda Vázquez, la vetó. Fontanet se expresó confiado en que esta vez la medida tendrá el aval de La Fortaleza.

De aprobarse la medida, “los casos no irían a un tribunal. Vamos ante un panel de gente razonable, sin conflictos de interés, que evaluarían los méritos o deméritos de un caso y eso va a ayudar a identificar los casos y que haya una pronta excarcelación”, afirmó Fontanet.

A su entender, uno de los principales escollos para excarcelar a los confinados inocentes, es la negativa a reconocer que se cometió un error en el proceso judicial. “Yo esperaría más sensibilidad de los fiscales y tribunales, porque uno ve como una muralla, un muro de contención para evaluar estos casos”, relató. “Los fiscales objetan siempre. Nunca están dispuestos a admitir que se equivocaron”, señaló.

Grandes logros

El Proyecto Inocencia en Puerto Rico está adscrito al Innocence Project Network y a la Red Inocente. Fue fundado en Puerto Rico, en 2012, por Fontanet, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (Inter), en Hato Rey.

Fontanet explicó que el proyecto es parte de un curso en el que reclutan estudiantes de Derecho de la Inter para realizar las investigaciones y entrevistas, que pueden extenderse por años.

El proyecto —en colaboración con otras entidades— fue instrumental en la aprobación de la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, que permite utilizar evidencia genética en un nuevo juicio, para ayudar a probar la inocencia de una persona encarcelada injustamente.

“Atendemos reclamos de condenas erróneas. Recibimos cientos y cientos de cartas de personas que entienden que sus sentencias son injustas o que son inocentes. Prestamos atención particular a los casos donde se ocupó evidencia genética, pero vemos todo tipo de casos”, detalló.

“Tenemos que estar seguros que esta persona siempre reclamó ser inocente y que nosotros, luego de investigar el caso, tenemos que estar convencidos de su inocencia. Cuando estamos convencidos de eso, entonces radicamos la solicitud de un nuevo juicio”, explicó Fontanet.

La organización consiguió la excarcelación y exoneración de los llamados “inocentes de Aguada”, Nelson Ortiz Álvarez, José A. Caro Pérez y Nelson Ruiz Colón, quienes pasaron más de 20 años en prisión por el asesinato de Glorimar Pérez, en 1988.

También se logró la excarcelación de Antonio Ramos Cruz, sentenciado por el asesinato de Haydée Maymí y sus dos hijos, en 1992, y el de Ashley Marie Torres Feliciano, quien estuvo encarcelada 11 años por el asesinato de su hermano, en el 2009.

Queda pendiente el caso de Eduardo Correa López, sentenciado por el asesinato de Yadira Delgado Candelaria, ocurrido en 2006; su solicitud de un nuevo juicio está en proceso apelativo.

También trabajan el caso de Christine Cortés Rodríguez, confinada por el asesinato de su hija, reportado en el 2011.