Podría afirmar, sin temor a equivocarme, que la mayoría de las personas que vivimos en Puerto Rico creemos —o, al menos, lo aspiramos— en la rehabilitación de las personas que cometen delitos. Ello no es inconsistente con reconocer, además, que una de las finalidades de la pena es también la retribución, pero ya sea por valores o principios humanitarios o cristianos, abogamos por esa segunda oportunidad para esa persona que le falló a la sociedad.

Dicha creencia o finalidad está contemplada en nuestra Constitución, en la que se establece que el sistema correccional debe propender a la rehabilitación. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que nuestra Constitución establece una prohibición contra la imposición de castigos crueles e inusitados, lo que requiere, a su vez, penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva —penas no arbitrarias—; en fin, la imposición de la pena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone. Paralelamente, el Código Penal contempla la rehabilitación del convicto como una de las finalidades de la pena.