Hace poco conversaba con un periodista bona fide del país sobre la práctica de la plugola por parte de influencers y analistas, según hecha pública a lo largo del juicio de Sixto George. Le comentaba que uno de los aspectos positivos del lodazal que ha sido evidenciado es que quedó desenmascarada dicha práctica.

La reacción del periodista fue: “Me imagino que, si tú no crees en Santa Claus, pues tampoco esa realidad debe sorprenderte”. Claro que no sorprende; pero impacta que sea tan burda y que esté tan arraigada. Coincidimos en que esta práctica se catapultó cuando se eliminó, en 1987, la llamada “fairness doctrine” de la Federal Communications Commission (FCC), que obligaba a los medios de comunicación a permitir otros puntos de vista sobre asuntos de interés público.

La eliminación de la referida reglamentación ha propiciado la polarización en la discusión de asuntos de interés y, ciertamente, la plugola. Esta regla no debe confundirse con la del “equal time rule”, también de la FCC. Esta última requiere que, si un medio le vende tiempo a un candidato, está obligado a hacerlo también con el otro. El problema consiste en que, como no se “vende” oficialmente el espacio, el otro candidato no tiene derecho a pedir tiempo igual. Todo se hace clandestinamente y, por consiguiente, de manera ilegal.

Es muy posible que la verdadera dimensión de esta práctica en Puerto Rico pueda surgir en los próximos meses, cuando Sixto George divulgue (si es que lo hace) las personas —influencers, analistas o medios— que incurren en ella. Lo hará, no por altruismo, ni como un acto de contrición, sino con el propósito de conseguir una reducción significativa de su sentencia. Como país, será bueno saber quiénes son estas personas y hasta dónde está entronizada esta terrible práctica.

Sin embargo, no hay que esperar por Sixto George; la información difundida justifica una investigación por parte de la rama ejecutiva o por la legislativa. Realmente, no sé qué esperan. Se trata de un asunto de enormes alcances en diversas direcciones.

Es importante advertir que no se trata de estar de acuerdo o desacuerdo con las opiniones de los influencers y analistas; estos tienen todo el derecho a opinar lo que les parezca, independientemente de que estén poco informados, de sus sesgos o de que estén patentemente equivocados. De eso es que trata la libertad de expresión y ello debe protegerse a toda costa. Lo que no puede permitirse, lo que es ilegal, es emitir una opinión o hacer una entrevista a cambio de dinero o de algún otro beneficio sin hacerlo público, que es lo que surgió, precisamente, en el mencionado caso.

Hay que preguntarse qué vamos a hacer cuando se divulguen los nombres de estas personas que se proyectaban como entes objetivos y profesionales, pero cuyas posturas estaban comprometidas o, dicho sin tapujos, estaban prostituidas porque recibían dinero o prebendas a cambio. Habrá quienes digan que, en una sociedad de libre mercado, todo está a la venta y el consumidor escucha lo que quiere y que tiene la opción de no escuchar.

No obstante, confió en que ese no sea el sentir mayoritario de la población. No puede ser de otra forma, pues la difusión y discusión de información sobre asuntos de importancia a través de los medios no puede estar a la venta.

Todos tenemos derecho a acceder —libre de matices, consideraciones o intereses proscritos— a las noticias y a la discusión de asuntos de interés público. Es imperativo iniciar un proceso de desinfectar los medios de comunicación de estos personajes. Va a ser un ejercicio de justicia poética saber sus nombres, que asuman su responsabilidad y que nos hagan el favor a todos de desvincularse de los medios de comunicación para que se dediquen a aquello en lo que han demostrado ser buenos: a montar ventorrillos.