Cuando un patrono público quiere despedir a un empleado de carrera, tiene que notificarle de los cargos en su contra. Esto incluye ofrecer una explicación sencilla de por qué se le pretende imponer tal acción disciplinaria. Una vez enterado, el trabajador o trabajadora puede decidir si reta la acción.

Este requisito surge del mandato constitucional del debido proceso de ley. Es decir, además de tener una razón justificada para la suspensión o el despido, el patrono público tiene que informar dicha razón desde el inicio. De esta manera, el patrono queda comprometido a la versión contemporánea ofrecida, sin poder cambiar su versión posteriormente de forma deshonesta o acomodaticia.