No fue un hecho novel, pues en el pasado hubo tranques similares. Sin embargo, hacía más de 160 años que no ocurría uno de esta magnitud. Es la dificultad del gobierno compartido en su máxima expresión, porque en esta ocasión no solo se trata de que el poder ejecutivo está en manos de un partido y el legislativo en otro; en este caso es la división dentro de la división. Y tal vez muchos de ustedes se preguntan, ¿y eso a nosotros qué nos importa?

Pues mucho, porque como ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos ha dicho una y otra vez, Puerto Rico es un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que puede beneficiar o discriminar contra los residentes de la isla, sin violar ley alguna ni la Constitución. Así que en la isla dependemos de ese Congreso para propiciar los cambios que de verdad impulsen nuestra economía o para que les hagan justicia a nuestros enfermos, por ejemplo.

Con un Congreso de mayoría republicana, y entre ellos distintas facciones, ¿qué será de las decisiones en asuntos de Puerto Rico? Aquellas que requieran del consenso de la ahora mayoría exigua y, para colmo, dividida. En la práctica, habrá que cabildear con tres delegaciones. Ya era difícil convencer a dos sin contar con nuestras propias divisiones y disputas.

Otro elemento que desconocemos en este momento es la naturaleza de las negociaciones que le consiguió los votos esperados a McCarthy: ¿qué prometió?, ¿qué cedió? y ¿dónde queda Puerto Rico en todo esto?

Es fácil anticipar que, en los próximos dos años, que es lo que dura este Congreso, no se moverá un dedo en favor de Puerto Rico. Hace varias semanas un congresista le echó en cara al gobernador Pedro Pierluisi que el gobierno de la isla solo va a Washington a pedir. Otro senador hablaba del estatus de Puerto Rico en su campaña, y advertía que no le daría paso a la estadidad que le restaría poder a varios estados. Entonces, ese es el ánimo con el que muchos republicanos, principalmente en el lado más conservador, tratarán a la isla mientras dure este Congreso.

Pendientes quedan las medidas sobre energía, incluyendo el esperado empujón hacia energía renovable. Sobre ese asunto el último Congreso logró aprobar una asignación antes de concluir, pero no es ni remotamente suficiente para la necesidad energética de la isla. Otro tema importante es el del programa suplementario de alimentos conocido como SNAP. El gobierno de la isla lleva años esperando que se autorice una transición hacia ese programa, que allegaría una asignación muchísimo mayor a las familias en necesidad económica para la compra de alimentos.

Y el estatus… bueno de esa discusión ni hablemos. La aprobación del proyecto 8398 en la cámara federal murió al terminar ese Congreso. El senado ni lo revisó. Al dar inicio el nuevo congreso, la aprobación de la medida no dejó compromiso, ni ánimo alguno de que se transfiriera a los nuevos protagonistas de la política norteamericana, el interés por el estatus de la isla. Los congresistas, que en el Día de Reyes casi se van a las manos en pleno hemiciclo, estarán muy ocupados con sus propias diferencias. La cada vez más evidente brecha entre los más conservadores y los moderados y liberales, solo garantiza que los puertorriqueños, sin poder de negociación alguno, seamos espectadores del drama ajeno. Y rogar que, si se zafa un puño, no caiga acá.