Dr. Julio Fontanet Maldonado / Inter Derecho – El residenciamiento y la política

jueves, 6 de febrero de 2020

El proceso de residenciamiento contra el presidente Trump, que concluyó ayer con su absolución, ha sido penoso. La mayoría de los puertorriqueños estamos muy molestos con Trump (como lo ilustró magistral y artísticamente Jennifer López), ya sea por su postura de no reconocer la realidad del cambio climático, su trato hacia las minorías, su historial sobre las mujeres, sus comentarios poco presidenciales o, claro está, por su comportamiento con nosotros, particularmente como consecuencia de los desastres naturales a los cuales hemos estado expuestos.

Reconocido el sesgo anterior, creo que es posible evaluar con objetividad el proceso de residenciarlo, su conducta y el desenlace. De entrada, me parece que lo que matizó todos los aspectos de este asunto fue la política partidista y la realidad de que las elecciones se avecinan. Es decir, no se trata de hacer lo correcto sino lo políticamente conveniente.

Comencemos con el proceso, que se inició retrasadamente y no comenzó como secuela del informe Mueller ya que al liderato demócrata en la Cámara le preocupaban los efectos políticos de ese proceso, particularmente por victimizar a Trump y su reflejo en una candidatura aparentemente debilitada. Fue después —al surgir la denuncia del “whistleblower” sobre la retención de fondos asignados por el Congreso a Ucrania hasta que se anunciara públicamente una investigación en contra del hijo de Joe Biden— que el liderato demócrata de ese cuerpo cambió de parecer. ¿El problema? Que ya era tarde: las elecciones a pocos meses, más los “issues” legales que surgen en estos procesos —como la directriz del presidente a ciertos testigos para que no declararan y el reclamo del privilegio ejecutivo con relación a evidencia relacionada-. Ello implicaba meses de litigación que podían hacer el proceso académico. Así, pues, se presentaron los cargos con la evidencia con que se contaba y con la esperanza de que el Senado permitiría la citación de nuevos testigos para fortalecer los cargos presentados.

Precisamente, los dos cargos presentados y la prueba con que se contaba eran suficientes a tono con la naturaleza del proceso, pero hubiera sido deseable haber escuchado, en las vistas celebradas en la Cámara, a John Bolton y a otros testigos que no fueron citados para evitar una extensa litigación. La ausencia de esos otros testigos proveyó una excusa para alegar que la prueba era insuficiente.

En el Senado el asunto se volvió aun más partidista en la medida en que el portavoz de la mayoría parlamentaria expresó que estaba coordinando el proceso con los asesores del presidente y que, inclusive, antes de examinar la prueba, ya había anticipado que iba a exonerar al presidente. La moción más importante del proceso en el Senado, que consistía en permitir la citación de nuevos testigos —en especial a Bolton, quien había expresado tener conocimiento personal sobre la conducta del presidente en el asunto de Ucrania— fue derrotada en votación partidista, con la honrosa excepción de dos senadores de mayoría.

Culminado el proceso, hay unas lecciones claras. La primera es que el proceso de residenciar a un presidente se ha debilitado significativamente, contrario a la pretensión de los llamados “padres fundadores” de Estados Unidos, ya que se amortigua el poder de fiscalización que tiene el Congreso sobre la conducta criminal de un presidente en funciones. También es preocupante el mensaje enviado: un presidente puede utilizar los recursos fiscales de ese país para adelantar su reelección y ello no tiene consecuencias.

Las expresiones de Marco Rubio representan la mayor lección. Expresaba el senador de Florida que entendía que el presidente sí había incurrido en la conducta imputada, pero que residenciarlo provocaría una mayor polarización, que las elecciones estaban a la vuelta de la esquina y que, por eso, votaría para absolverlo. Creo que Rubio se equivoca: su responsabilidad dentro del esquema constitucional era ineludible y no debió hacerlo, mucho menos por razones políticas. En este asunto, la política pudo más que la razón, la justicia y la dignidad.