Profesor Carlos Ramos González/ Inter Derecho – Soberano abuso con las peleas de gallos

viernes, 20 de diciembre de 2019

FacebookToda ley aprobada por el Congreso tiene que estar fundamentada bajo alguno de los poderes que le otorga la Constitución de los Estados Unidos. Este es un entendido fundamental del federalismo norteamericano. Autoridad que no ejerce el gobierno federal, es poder que en muchas instancias podrían ejercer los estados. Uno de los poderes enumerados que con mayor intensidad utiliza el Congreso es el poder para reglamentar el comercio entre los estados. Este es el llamado poder bajo la cláusula de comercio interestatal. Una de las tensiones históricas del federalismo es la queja de los estados sobre el uso desmedido de este poder sobre asuntos que realmente ha debido dejarse en manos de los estados. En el caso de los territorios, el problema es más crítico: además del poder bajo esta cláusula, el Congreso tiene un poder amplio y maleable bajo la cláusula territorial.

Los sectores que abogan por proteger los animales han luchado por lograr legislación federal que proteja a estos seres vivos del abuso humano. Gradualmente, lo han logrado tras intenso cabildeo en el Congreso. Uno de los obstáculos que han debido enfrentar siempre ha sido el poderoso argumento de que el asunto debe resolverse con leyes estatales, atendiendo las peculiaridades e intereses de cada estado. Además, la actividad debía estar en el comercio interestatal.

En la década de los sesenta se comenzó reglamentando el uso de animales para fines científicos. Eventualmente, se prohibió el uso de animales en o que afecten el comercio interestatal, involucrados en peleas o luchas en todo ámbito. Es decir, en deportes, apuestas, entretenimiento o cualquier forma de participación en el evento incluyendo espectadores. En ese proceso, hubo oposición inicial del U.S. Attorney General y del Departamento de Agricultura federal por entender que éste era un asunto de competencia estatal. Algunos estados y territorios permitían peleas de gallos o de perros. Por tal razón, la ley federal especificaba que no aplicaría a aquellos estados o territorios donde estas actividades estaban permitidas. Con el pasar de los años, con excepción de Luisiana y territorios como Guam y Puerto Rico, estas actividades se proscribieron por medio de leyes estatales. Se desvanecía así la urgencia de leyes federales.

Pero llegó María. Tras conocerse los estragos de esta tragedia nuestra, grupos defensores de los animales de los Estados Unidos visitaron el país para conocer cuán afectada estaba nuestra fauna. Al observar los efectos nefastos sobre muchos de nuestros animales, quedaron particularmente impactados por la muerte de muchos gallos. Esa visita les hizo recordar que las peleas de gallos estaban permitidas en Puerto Rico. Enfilaron su cabildeo y lograron colar una enmienda en el mentado Farm Bill para extender las prohibiciones a los territorios. Nunca hubo una vista pública o discusión abierta a tiempo para escuchar la posición de los afectados. Esa sensibilidad institucional y la celeridad congresional nunca se enfiló hacia otras de nuestras necesidades urgentes.

Todavía peor. El respeto a ciertas tradiciones o costumbres nacionales de Estados Unidos siempre ha sido una constante en la discusión de este asunto ante el Congreso. Llama la atención que todo lo relacionado con eventos de caza de animales, no importa el maltrato o forma que este pudiera exhibir, siempre ha estado abiertamente excluido de estas leyes federales. Incluso, la ley es tan clara como para especificar que quedan excluidos de su aplicación los animales usados para auxiliar en la caza. Me refiero al uso, por ejemplo, de perros entrenados para ayudar a capturar y rematar al animal que se caza casi siempre con un arma de fuego. El respeto a esta actividad siempre ha sido respaldado con éxito por entidades como la National Rifle Association, NRA.

No sabemos cuán lejos pueda llegar la ley que recientemente se aprobó, aunque presumo que busca ganar tiempo. Este mecanismo de defensa se enfrenta a un Congreso que, en el ejercicio de su soberanía y afán de igualdad, ha aprobado leyes que son un enjambre de intereses creados. En el proceso, han cometido otro soberano abuso con nuestro país y nuestras necesidades inmediatas.