En las últimas semanas se ha estado discutiendo insistentemente la posibilidad de que, para el próximo proceso eleccionario, regresemos a un escenario que estuvo vigente desde 1919 hasta las elecciones de 2012: la posibilidad de alianzas y partidos coaligados.

Llama la atención la reacción polarizante que dicho escenario ha propiciado en algunos sectores. El liderato de los dos partidos principales ha criticado y rechazado tajantemente esa posibilidad, mientras los dirigentes de los partidos emergentes, su membresía e, inclusive, algunas personas afiliadas a los partidos principales (pero que no son parte de la estructura de liderato) han demostrado apertura a esa eventualidad. No debe sorprendernos: la crisis económica y social que enfrenta Puerto Rico desde la década del setenta se ha dado bajo la administración alternada de dos partidos. En ese sentido, ¿a quién no le gustaría auscultar escenarios políticos distintos? Es imperativo preguntarse, además, si nuestra Constitución debe propiciar la existencia de dichas alianzas y si la ley electoral —que las prohíbe— es consistente con los derechos que albergamos los electores.

He escuchado a varias personas hablar sobre este tema y han surgido interrogantes a las que es deseable proveer respuestas.

1. ¿Solo los partidos minoritarios pueden realizar alianzas? Falso; todos los partidos, incluidos los partidos tradicionales y mayoritarios, pueden aliarse con quienes entiendan conveniente. Incluso, en algunos estados de los Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Republicano han establecido alianzas con candidatos adscritos a otros partidos o movimientos.

2. Para participar de una alianza, ¿deben los partidos impulsar la misma propuesta de estatus para atender la situación territorial de Puerto Rico? Esta interrogante también se contesta en la negativa. Tener una propuesta similar para atender el problema del estatus puede ser importante para consolidar una alianza, pero existen asuntos prioritarios que atender para resolver la crisis que vivimos en Puerto Rico en todos los órdenes. Podría crearse, por ejemplo, una alianza entre partidos que tengan proyectos programáticos similares para la protección de los recursos naturales, para el acceso subsidiado a estudios universitarios, para una verdadera reforma laboral y el acceso irrestricto a servicios de salud, entre otros. Debe recordarse, con relación al estatus, que dicho asunto no se ha resuelto ni se resolverá en elecciones generales, sino que se atenderá en procesos especiales como plebiscitos o una asamblea constitucional de estatus.

3. ¿Existe alguna justificación para que la ley electoral prohíba las alianzas o las candidaturas coaligadas? Ninguna. Desde 1919 hasta el 2011 eran permitidas y fueron eliminadas sin explicación alguna bajo la Ley Electoral, aprobada en el 2011. El lenguaje de la Constitución propicia la existencia de las alianzas al promover el pluralismo político, garantizar la participación de las minorías y proteger importantes derechos como la libertad de asociación y la de expresión.

4. ¿A quién beneficia la existencia de alianzas y candidaturas coaligadas? Esta es la pregunta más fácil de responder. A nosotros, los electores, quienes tendremos más y mejores opciones. Además, podremos votar por aquellos partidos o candidatos con propuestas afines a las nuestras, a pesar de no estar afiliados necesariamente a un partido particular. Podremos votar por los mejores candidatos y plataformas. Recordemos que la adopción de tres papeletas —municipal, legislativa y estatal— iba encaminada a “liberar” al elector de estar encajonado en una sola papeleta con una sola opción; un paso importante en esa dirección, pero insuficiente. Cabe advertir que en las pasadas dos elecciones hemos visto un aumento significativo del voto mixto; también en la abstención. Esto último puede atribuirse a la falta de opciones a los electores.

Es por todo lo anterior que, ya sean los tribunales o la asamblea legislativa, se debe tomar acción al respecto validando el derecho de los electores a poder votar por los candidatos que queramos, independientemente de la columna o la insignia en que se encuentren. ¿No es esto una manifestación de una sociedad democrática o queremos una ley electoral que limita nuestras opciones de cómo votar?