Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en contra de la administración Biden y su plan para perdonar entre $10,000 y $20,000 a prestatarios estudiantiles que cumplieran con los requisitos del programa. La medida prometía alivio para alrededor de 43 millones de personas deudoras.

El Departamento de Educación federal ha asegurado que la Administración continúa trabajando para forjar otras vías de alivio para el problema de la deuda estudiantil. La primera respuesta fue poner en marcha un nuevo plan denominado Saving on a Valuable Education (SAVE). El plan permite, a los prestatarios que cumplan los requisitos, reducir sus pagos mensuales, acortar el plazo máximo de amortización del préstamo y evitar algunos cargos por intereses. También se han anunciado iniciativas para cancelar la deuda de quienes fueron inducidos a endeudarse de forma fraudulenta, entre otras situaciones particulares.

Educación federal anuncia que perdonará la deuda estudiantil a 804,000 personas

Sin embargo, SAVE no será suficiente para detener la caída financiera que nos espera si ocurre un impago masivo de la deuda estudiantil. Sepa usted que me lee que existe un mercado secundario que convierte este tipo de deuda en instrumentos financieros denominados student loan asset-backed securities (SLABS). Los préstamos que se mercadean de esta forma son los que ofrece la banca privada y los préstamos estudiantiles garantizados por el gobierno federal que se originaron antes de que se pusiera fin al Federal Family Education Loan Program (FFELP) en 2010. Estos préstamos se empaquetan en valores que los inversionistas pueden comprar y que ofrecen pagos programados de forma muy similar a un bono ordinario. Así diversifican sus inversiones y se distribuye el riesgo entre más actores. O al menos esa es la idea que venden.

Sucede que los préstamos estudiantiles tienen similitudes inherentes con los préstamos hipotecarios de alto riesgo, o como les llaman en Castilla la Vieja, subprime. Sí, aquellos que provocaron la crisis financiera en el otoño de 2008 que costó miles de millones de dólares al erario en rescates para instituciones financieras que, a sabiendas, apostaron y perdieron. Imagine el efecto devastador que tendría en el mercado el impago de $9.2 millones de prestatarios con préstamos FFELP pendientes por un total de $208,000 millones.

En un país donde el costo de todo sube y los salarios quedan en el rezago, son muchos los recién graduados que tienen dificultades para encontrar un trabajo que les permita cubrir sus necesidades básicas, ni pensar en saldar préstamos estudiantes sujetos a una tasa de interés compuesto que duplica y a veces hasta triplica el principal. Y hay otros tantos que llevan tiempo en el mercado laboral sin que su salario se mantenga a la par con la inflación y los costos de vida.

La pausa en los pagos motivada por la pandemia ayudó a muchos a evitar los impagos. Con el fin de la pausa, es posible que los impagos se disparen. A diferencia de las hipotecas, los préstamos a estudiantes son de naturaleza obligacional o personal, y no están garantizados con un bien inmueble. Por tanto, los prestamistas tienen menos capacidad para recuperar las pérdidas.

No podemos olvidar que detrás del rescate en 2008 vinieron despidos, ejecuciones de hipotecas, pérdida de valor en las propiedades, entre otras consecuencias, mientras los altos ejecutivos de los bancos rescatados usaban el dinero del rescate para pagarse a sí mismos bonos y repartir dividendos.

La escritura está en la pared; este problema nos va a costar. Toca decidir si evitamos el impago extinguiendo al menos parte de la deuda de forma organizada o si nos arriesgamos al arbitrio del mercado. La primera opción es una inversión en la gente que mueve la economía con su trabajo; la segunda implica volver a rescatar al sector financiero cuando estalle esta burbuja que ese mismo sector ha creado.