En apenas 20 días del 2023, la violencia intrafamiliar, social y política en Puerto Rico se ha manifestado implacablemente. Sin embargo, no podemos culpar de ello al nuevo año. La violencia nuestra de cada día nos persigue desde hace décadas y tiene muchas facetas. A veces se vincula al narcotráfico que actúa con armas propias de potencias armamentistas. La ineficiencia estatal en este contexto resulta sospechosa.  ¿Por dónde entran esas armas?  Otras veces la violencia se ha derivado de armas que se poseen dentro de un marco “legal” o sea con autorización estatal para poseerla, portarla y en limitadas ocasiones usarla. Cuando de violencia intrafamiliar se trata, es más común el uso de las armas permitidas por el estado. El uso de un arma “legal”, como parece haber ocurrido en dos de las tragedias de este año, no aminora el daño que sufre para siempre una familia y una comunidad.

No hay nada peor que la normalización de la violencia. Se normaliza la violencia cuando se excusa, cuando observamos inmóviles, cuando permitimos que se desvíe la atención. Se normaliza cuando se justifica por la conducta de la víctima o cuando se cataloga a la víctima como mala, buena o perfecta. Y esa clasificación la observamos a diario en las redes sociales o en entrevistas televisivas. Se despacha el dolor del otro, si la víctima se equivocó en la selección de su pareja, si andaba en la carretera equivocada a la hora equivocada, o si andaba en “malos pasos”.  Es como si el dolor de una hija por la muerte de su madre, o de una madre por la muerte de sus hijos dependiera de cuán ejemplar era su vida.

Culpar a la víctima permite individualizar el problema. Culpar a la víctima le quita responsabilidad al estado y transmite la idea de que la violencia es un problema personal o individual, que no requiere mayor atención estatal. Y no, la violencia nuestra de cada día no es un problema individual, es un problema social y es un problema político, que requiere para su atención independencia de criterio, sensibilidad moral, capacidad de consenso, conciencia de género, racial, y de clase social, pero también voluntad política y sensibilidad ética para enfrentar el problema.

El hecho de que todo se analice con un prisma partidista nos lleva a cuestionarnos si existe la voluntad política de enfrentar las causas de la violencia y si los funcionarios públicos que controlan espacios de poder poseen la sensibilidad ética que se requiere para atender este problema de manera genuina. En este nuevo año, políticos profesionales han rechazado el sistema de mérito en la designación de la Procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra. El rechazo se ha basado en visiones fundamentalmente partidistas, dejando de lado las cualificaciones profesionales, personales y humanas de la designada. Entre sus méritos para dirigir la agencia se encuentran su experiencia, que es un nombramiento de consenso entre grupos feministas y de apoyo a las mujeres, que cree en la perspectiva de género para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la niñez y que tiene independencia de criterio. Descartar el sistema de mérito en este nombramiento demuestra ausencia de voluntad política para fortalecer la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y para ir de frente y sin miedo contra las causas de la violencia.  Nos toca desde nuestros espacios familiares, laborales y comunitarios romper el silencio, y exigir a aquellos que alegan representarnos que actúen dentro del marco ético que requiere el momento.