Alguna vez soñamos que el Siglo XX iba a ser el Siglo de los derechos de la niñez. Pero no pasó. En el 1989, se llegó a un acuerdo sobre los derechos humanos mínimos de la niñez, que nos hizo pensar que al menos había un consenso de que la minoridad no les despojaba de derechos, que eran sujetos de Derecho y no objetos de sus padres, parientes, grupos religiosos, ni organismos gubernamentales.

Los niños son las víctimas primeras de las guerras, las crisis económicas, sociales, políticas y morales. Los horrores de las guerras civiles, internacionales o de la guerra contra las drogas en el contexto latinoamericano atacan la niñez consistentemente.

Para huir de la devastación, la violencia, la pobreza, hay niños cuyas vidas dependen de la voluntad de bandoleros, burócratas o de políticos, en especial cuando llegan a fronteras en las que le impiden el paso, o cuando el mar arroja sus cuerpecitos en playas europeas.

A través de la historia, poderes gubernamentales han utilizado a los niños para infligir daño a sus madres y padres, por motivos políticos, por discrimen por origen nacional, raza, etnicidad, orientación sexual o condición social o situación de pobreza. Ejemplos históricos son los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina y los niños de las naciones indígenas en Estados Unidos y en Canadá. Dar justicia a estos niños secuestrados por poderes gubernamentales, costó décadas de trabajo de sus familiares, de sus comunidades y de abogados de Derechos Humanos. Todavía hoy compartimos la alegría de esas abuelas cada vez que recuperan a un nieto o a una nieta.

En Estados Unidos y Canadá, los niños de naciones indígenas eran separados de sus familias y sus comunidades, y se les internaba en instituciones que intentaban “reformarles”. Se les privaba, no solo de la compañía y cariño de su familia, sino de su cultura, su idioma, su sentido de pertenencia. En estos casos se utilizaba una visión racista y clasista del mejor bienestar del menor, y con ello como lanza, se cometieron atrocidades. Por eso, el poder del estado de separar a los niños y las niñas de sus padres y madres es de sus poderes más peligrosos. Por eso, debe ejercerse con la mayor cautela posible y debe estar sujeto al más estricto escrutinio judicial y social. En una sociedad con aspiraciones democráticas, los funcionarios gubernamentales deben estar conscientes de que ese escrutinio es necesario para la legitimidad de sus funciones.

No es este el litigio en el que las partes se enfrentan en “igualdad de armas” ante un tercero imparcial. En estos casos el desbalance en la relación de poder es abismal. Cuando el Estado actúa para entrar a una casa, y llevarse unos niños, se activan todas las alarmas de la protección de la vida familiar y del derecho a la intimidad frente a posibles actuaciones arbitrarias o contrarias a Derecho por parte del Estado.

Por eso, no son partes en igualdad de armas, por eso el Estado tiene un estándar de prueba mayor, por eso el Estado tiene la responsabilidad de hacer esfuerzos razonables para evitar la remoción, por eso el derecho a la confidencialidad que cobija a los niños y las niñas debe ser protegido por los entes estatales.

Una de las responsabilidades de los funcionarios gubernamentales es respetar los derechos de la niñez, lo que incluye que el proceso sea privado y que la información que el Estado custodia sea confidencial. El temperamento de los funcionarios del Estado debe dirigirlos a guardar con el mayor celo posible la información que por legislación les toca proteger. No es una riña de vecinos, se trata de los derechos de una niña.