En nuestras manos, somos nosotras las personas quienes tenemos el control de nuestros derechos y no podemos dejarlos en manos de políticos negligentes, descuidados, o simplemente machistas y fundamentalistas. Si no estamos alertas, si no denunciamos los intentos de quienes desconocen nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, terminaremos despojadas y despojados de nuestra esencial dignidad humana.

El proyecto de ley que presentaron tres legisladores en el umbral del mes en que se conmemoran las luchas de las mujeres por obtener el respeto a nuestra humanidad, demuestra la ruta que pueden tomar quienes quieren detentar puestos pagados por el Pueblo a costa de la vida y la libertad de más de la mitad de esa comunidad a la que se supone sirvan. El Proyecto de la Cámara 1644 no solo intenta imponer penas de cárcel de hasta 25 años a las mujeres que enfrentadas a un embarazo no deseado y en el ejercicio de un derecho constitucional protegido por nuestra Constitución buscan o reciben el servicio de salud de aborto. Va más allá.

Aparte de la pena bárbara que impondría, ese proyecto de ley pretende cambiar las condiciones que hoy día el derecho en Puerto Rico reconoce como válidas para la terminación de un embarazo. Actualmente una mujer puede acceder al aborto en consulta con su médico para proteger su vida o su salud física o emocional durante cualquier etapa del embarazo. El adefesio que firmaron tres legisladores de este país establece que solo podría obtenerse dicho servicio de salud para “prevenir la muerte o incapacidad permanente de la madre gestante o por anormalidad fetal severa diagnosticada por un obstetra que coloque en riesgo la vida de la madre o de la criatura en su vientre, o si la madre gestante fue violada y existe querella a esos fines en la Policía de Puerto Rico y en este último supuesto el aborto se realiza dentro de las primeras 10 semanas de gestación…”. Es obvio que la salud física o mental de la persona gestante queda fuera de las condiciones que podrían permitir la terminación del embarazo.

En los estados de Estados Unidos en los que se han aprobado leyes similares a la copiada por los tres legisladores-busca-votos se han documentado situaciones de mujeres embarazadas que confrontan situaciones que ponen en riesgo sus vidas y no encuentran médicos que se animen a proveerles el servicio de salud de aborto. La profesión médica se encuentra ante este tipo de legislación con que su juicio profesional puede ser cuestionado, enfrentando penas de cárcel y la pérdida de la licencia profesional. Cualquier persona metida a vigilante pro-feto, sea otro profesional de la salud, familiar en desacuerdo con la decisión de la persona embarazada, organización o practicante religioso ultraconservador, puede denunciarles y forzarles a procesos judiciales o éticos costosos e indignos.

El aborto es un servicio de salud y el acceso a ese servicio es un derecho humano protegido por la libertad, la intimidad, la dignidad y la igualdad. Es un servicio de salud que solo requieren las mujeres y las personas gestantes. ¿Cómo es posible que llegado el Siglo 21 este derecho se haya convertido en ficha en el juego de la política? ¿Cómo es posible que un derecho humano esencial a la dignidad se utilice por políticos arribistas para tratar de ganar votos?

Sin libertad, sin justicia no hay democracia. El momento actual amerita una revolución. Una revolución como la que ya lideran las mujeres en este país y en todo el mundo hacia una verdadera democracia equitativa. No basta ser mujer para formar parte de este movimiento igualitario. Se requiere conciencia de género, comprender que el proyecto de ley que hoy discutimos es una afrenta, un retroceso, un descaro sustentado en visiones atávicas sobre la naturaleza de nosotras las mujeres y de nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y éticas.

El Proyecto de la Cámara 1644 no es un proyecto que respeta la vida, es un proyecto que utiliza ideas tergiversadas para colocar por encima de la dignidad humana de las personas gestantes vivas la defensa de una célula, de un gameto o de un feto. Es un proyecto de ley que condena a la muerte a muchas mujeres y a vivir situaciones de violencia de género e injusticias a las personas gestantes. No debe conseguirle ni un voto a sus proponentes, es más debe quitárselos.