Un juez federal nombrado por Donald Trump a la Corte de Distrito Federal para el Distrito Norte de Texas determinó que hay que eliminar del mercado el medicamento mifepristone, que se utiliza en diversas regiones del mundo para la terminación médica de un embarazo no deseado. Este medicamento se utiliza hace décadas en combinación con otro, el misoprostol, para el aborto con medicamentos durante las primeras semanas del embarazo.

Otros dos jueces federales nombrados por Trump a la Corte Federal de Apelaciones para el Quinto Circuito, aunque han permitido paralizar parcialmente la orden del juez de Distrito, determinaron que el medicamento no podrá entregarse mediante correo postal ni podrá recetarse ni dispensarse por medio de consultas de telemedicina. Estos métodos para acceder al mifeprostone son los que utilizan las mujeres para atender un embarazo no deseado durante las primeras semanas de gestación cuando viven en estados de Estados Unidos que han restringido el acceso al aborto y al mifepristone.

Estas decisiones de jueces federales se han sustentado en la teoría de que la Administración de Alimentos y Drogas del gobierno de Estados Unidos no tenía autoridad para extender el uso del mifepristone de 7 a 10 semanas ni para autorizar su expendio por correo y mediante consultas de telemedicina. Estos casos tienen el potencial de alcanzar mucho más que los derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. Podrían dar al traste con los poderes de supervisión sobre diversos aspectos de la agencia federal involucrada y de otras.

Se cuece una contienda similar a la enfrentada por la Administración de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) a la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha cortado autoridad para hacer cumplir la legislación protectora del ambiente. Al final, todas las personas en ese país perderán derechos, protecciones y la posibilidad de disfrutar de los derechos ganados con luchas que han implicado prisiones, golpizas, persecuciones y muertes. También quedará desprotegido el medio ambiente, el acceso a alimentos sanos y a medicamentos aprobados mediante procesos científicos supervisados por personas expertas.

El trumpismo ha supuesto un retroceso en torno a los derechos de las mujeres, pero su impacto mediante el control de la judicatura federal hasta los más altos niveles ha puesto en riesgo todo un andamiaje de derechos constitucionales construido por luchas cruentas y dolorosas. Se ha entronizado un sector fundamentalista y super-conservador que amenaza a todas las libertades. Nuestro país no tiene por qué seguir ese derrotero.

Quienes ocupan puestos políticos, quienes trabajan en organizaciones comunitarias, quienes aman a sus familias y quienes creen en la libertad, la democracia y la dignidad humana pueden y deben optar por luchar arduamente para mantener los valores y las protecciones constitucionales que emanan de la Carta de Derechos que nos guía desde mediados del siglo pasado y los derechos humanos para todas las personas.