Una investigación de este diario reveló que el llamado puente atirantado de Naranjito sufre defectos de construcción que lo han convertido en una ruina económica y funcional: será clausurado y repararlo costará al menos $25.9 millones, una cantidad similar a los $31 millones en fondos públicos que ya ha costado la obra ruinosa. Ello así, si nadie lo remedia, el Pueblo de Puerto Rico pagará dos veces por la misma edificación a causa de lo que aparentan ser actos de impericia de algunos de los profesionales que intervinieron en la construcción que fuera inaugurada el 24 de octubre de 2008, a escasos días de las elecciones. Para mayor afrenta al país, la misma investigación periodística reveló que la Autoridad de Carreteras (ACT) ha conocido la existencia de los defectos desde hace años, al punto de que en 2014 ordenó el cierre de los carriles exteriores; a pesar de ello, siguió pagando al contratista y hoy, catorce años y dos meses después de la inauguración de la obra, todavía no ha presentado una reclamación en su contra.

Carreteras supo de peligrosos defectos del puente atirantado de Naranjito, pero nunca le reclamó al contratista

Los daños que esta conducta han causado al Pueblo de Puerto Rico son muchos y algunos podrían tornarse irreversibles si no se actúa en los próximos meses, ya que el plazo de tiempo para presentar una reclamación legal se está agotando. El Código Civil de Puerto Rico edición de 1930, aplicable a la situación aquí discutida, establece que los profesionales que intervienen en una construcción que se arruina por vicios de construcción son responsables de pagar los daños y perjuicios durante un período de diez años contados a partir del momento en que finalizó la construcción: tal período podría extenderse cinco años adicionales, para un máximo de quince, si se demuestra que la ruina ocurrió debido al incumplimiento del contratista con las condiciones establecidas en el contrato. Nuestro Tribunal Supremo ha aplicado ya la disposición descrita en un caso titulado Pacheco vs. Estancias de Yauco. En lo que respecta a la legislación penal, esta sanciona el fraude en la ejecución de obras y la malversación de fondos públicos, por lo que debe investigarse si lo ocurrido aquí podría constituir delito.

El buen estado de las construcciones es un asunto de alto interés público, al punto de que el Tribunal Supremo de España, país en el que se originaron algunas de las normas descritas, ha indicado que en los casos sobre vicios de construcción están implicados los derechos constitucionales a la vida y a la dignidad humanas: esto es especialmente cierto cuando se trata de una edificación por la que transitan miles de personas cada día. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado de modo similar en casos como Luan Investment Corporation vs. Rexach Construction Company, donde resolvió que es inválida la cláusula de un contrato mediante la cual un profesional de la construcción pretenda exonerarse de su responsabilidad por la ruina de una edificación, pues se trata de un asunto en el que están implicados el bienestar social, la ética pública, la moral y el orden público, los cuales van por encima de la codicia y la desidia.

Como puede observarse, nuestro ordenamiento jurídico provee remedio para situaciones como las descritas, pero de nada sirven las leyes si no se hacen cumplir: esa es una de las lecciones de los sucesos ocurridos durante la construcción del puente atirantado de Naranjito. La otra lección es el recordatorio de la importancia del periodismo investigativo, sin el cual seguramente no habría salido a la luz pública esta nueva traición al Pueblo de Puerto Rico.