“Se trata, pues, de asegurar el proceso de comunicación necesario para que una democracia sobreviva”. Con este encabezamiento comienza el juez Ángel Colón Pérez su opinión de conformidad en la decisión tomada por el Tribunal Supremo en el caso Torres Rodríguez v. Noticentro y otros. La controversia del caso gira en torno al reclamo de “privilegio de fuentes periodísticas” reclamado por los demandados en un pleito civil sobre un alegado libelo informado por un medio de comunicación televisivo. Sobre el particular, y con gran sensibilidad democrática, este periódico ha editorializado.

El asunto es uno que merece reflexión ulterior, pues en efecto estamos viviendo tiempos en que observamos a nivel global unos claros intentos por demonizar la democracia para suplantarla con elementos de una especie de “autocracia” o gobierno dirigido a reconocer formalmente ciertos derechos fundamentales, pero siempre al arbitrio y discreción de una persona. Son características esenciales de estos regímenes el desafuero, abuso y persecución ante todo en el ejercicio del derecho al voto, a la libertad de expresión, de la prensa y sus fuentes de información. Gobiernos como los de Rusia, Hungría y Nicaragua ya se encuentran en ese camino. Países como Estados Unidos están siendo dirigidos hacia esta dirección por fuerzas políticas y económicas extraordinarias.