¡Qué lástima! Las personas que deberían leer esta columna no pueden hacerlo. Otras puede que no la entiendan. Las primeras son analfabetas; las segundas, analfabetas funcionales que pueden leer las palabras, pero no las entienden ni pueden explicarlas a otra persona porque no acostumbran leer, y apenas escriben en su cotidianidad.

Es escandalosa la noticia de que ha ido aumentando la tasa de analfabetismo en nuestro país, y que el gobierno no tiene estadísticas de ese hecho vergonzoso porque —¡qué sorpresa!— era el gobierno federal el que se encargaba de recopilar esa información, y este dejó de hacerlo hace más de veinte años. Es otra muestra de dependencia, colonialidad, ignorancia sobre la importancia de ese dato “estadístico” e incompetencia gubernamental.

Las personas y los pueblos tienen un derecho humano a la educación. La constitución de los Estados Unidos no lo reconoce, pero sí la Declaración Universal de Derechos Humanos y diversos tratados internacionales, así como la constitución de Puerto Rico. Las razones son múltiples. La educación es un instrumento fundamental para el desarrollo individual de la persona y el progreso colectivo de los pueblos. Las personas necesitan la educación como instrumento de capacitación para ganarse la vida en el mundo laboral, para disfrutar y aportar a la vida social y cultural, y para participar significativamente en la cosa pública mediante el ejercicio de otros derechos fundamentales como la expresión, la asociación y el voto. En términos colectivos, los pueblos tienen el derecho a la libre determinación; para eso deben educarse para participar inteligentemente en la cosa pública y promover el desarrollo sostenible del país.