El pasado 15 de mayo de 2023 la Coalición de Clínicas de Terminación de Embarazo anunció en conferencia de prensa que comparecían por escrito a las vistas para la discusión del Proyecto de Senado 495 y que no asistirían de forma presencial. Señalaron que no se presentarían a las vistas para no someterse al maltrato y hostilidad a la que la senadora proponente de Proyecto Dignidad les sometió en pasadas ocasiones. La prensa recoge expresiones de la senadora durante las vistas de ese día en las que amenaza a las clínicas de usar todas sus facultades en ley para obligarles a contestar sus preguntas. Cumplió con sus amenazas cuando apenas unos días después anuncia, junto a su compañera de partido, que hizo un referido para que los departamentos de Justicia y de Familia realicen una investigación de las clínicas.

A nadie debe sorprender este nuevo intento de perseguir a las clínicas proveedoras de servicios de terminación de embarazo. La senadora ha utilizado su silla y las vistas legislativas para interrogar de forma hostil a las personas que no concuerdan con sus posiciones ideológicas y políticas. Su técnica es tratar de llevar a las deponentes a decir cosas específicas para luego sacarlas de contexto en publicaciones en sus redes, contrario al trato deferente que brinda a quienes concuerdan con ella. No olvidemos que en una vista sobre el fallido proyecto 693 la senadora utilizó unos videos con extractos de un testimonio de una respetada doctora sacados fuera de contexto, utilizó su imagen y la señaló por nombre y apellido, poniendo a la doctora en una situación de peligro ante amenazas de las huestes antiderechos que la siguen. Todas las personas que hemos estado o presenciado las vistas que dirige o en las que participa la senadora, podemos comprobar su modus operandi de tratar esos espacios como interrogatorios en procesos adversativos y cómo luego usa sus redes para tergiversar y exponer a quienes participamos del proceso legislativo. Esto también pueden constatar todas las personas que presenciaron la vista en la que depuso el secretario de Justicia.

Ya la conocemos y no le vamos a seguir el juego. Por eso las citaciones amenazantes no funcionaron esta vez. No solo las clínicas, sino las organizaciones defensoras de derechos humanos decidimos no asistir. Pero que quede claro, todas sus preguntas fueron contestadas y se analizó su proyecto en sendos memoriales que fueron enviados en cumplimiento con el tiempo asignado. Todas cumplimos. Pero la senadora no pudo tener a las clínicas presentes para hostigarlas y sacar testimonios fuera de contexto que serían utilizados en su contra. No pudo utilizar nuestros testimonios para adelantar sus agendas políticas y criminalizar la defensa de los derechos humanos.

En clara revancha, la senadora refiere a las clínicas para que sean investigadas. Lo que solicita la senadora es una expedición de pesca (“fishing expedition”) para perseguir selectivamente a proveedoras de servicios de salud en casos de terminaciones de embarazos a menores de edad. Lo que busca es conseguir por esta vía el carpeteo a las clínicas y a las pacientes que no ha logrado con todos sus proyectos fracasados. Estas son investigaciones que no se solicitan en casos de partos de menores de edad. Después de todo, numerosos estudios comprueban que los embarazos y partos en menores de edad son mucho más peligrosos que los abortos en menores de edad.

Se le ve la costura, no buscan proteger a las menores, lo que buscan es eliminar nuestros derechos. En este caso son las menores de edad, pero seguirán los derechos de todas las mujeres, de la comunidad LGBTTIQ+, de los y las trabajadoras. No podemos abandonar los derechos que tanto nos ha costado ganar. Defenderemos lo que tenemos e iremos por más.