Una investigación sobre el proceso constitucional en Chile me trajo a este país en un contexto histórico inigualable. Chile discute un cambio a la Constitución del 1980, aprobada durante el régimen de la dictadura de Pinochet, a la vez que conmemora los 50 años del golpe de estado que quebró la democracia y que cambió la historia de este país que aún no se recupera.

El 11 de septiembre de 1973 las fuerzas militares atacaron el Palacio de la Moneda para destituir por la fuerza al presidente electo legítimamente, Salvador Allende. A ese acto de violencia y traición a la democracia le siguieron 17 años de dictadura, de crasas violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desapariciones y torturas. Miles de personas fueron asesinadas, más de 40,000 personas fueron torturadas y todavía hay miles de personas desaparecidas.

Muchos grupos de defensa de los derechos humanos han apostado a recuperar la memoria del golpe y de los 17 años de la dictadura como camino necesario para la recuperación del país. “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro” se lee en una de las paredes del Estadio Nacional, uno de los principales y más grandes centros de detención y tortura luego del golpe. Se estima que unas 20,000 personas estuvieron detenidas en el Estadio donde fueron interrogadas y torturadas. Decenas de personas fueron ejecutadas en ese recinto por los militares. Así, el Estadio Nacional quedó marcado por la violencia dictatorial. Pero desde hace pocos años se rescata este lugar como un espacio de memoria de lo ocurrido mediante la presentación de testimonios de víctimas, la preservación de espacios y recorridos para el público.

Las universidades, organizaciones sociales de todo tipo e incluso el gobierno han organizado cientos de actividades alrededor de todo el país para conmemorar los 50 años bajo diversos lemas que enfatizan la importancia de recordar. Se trata de un ejercicio de memoria colectiva que busca no solo denunciar lo ocurrido sino además reparar de alguna forma a las víctimas. La importancia de recordar y divulgar no se instala en una visión de castigo o una obstinación con el dolor pasado, sino en una memoria activa para construir un futuro de democracia. La divulgación de los actos de represión se consideran elemento necesario para responder las preguntas que todavía existen, para revelar “donde están” las personas desaparecidas, para conocer cuáles fueron las estrategias y quiénes fueron los culpables directos y los cómplices. “Recordar para nunca más”.

En ese ánimo el gobierno de Chile presentó una agenda legislativa de derechos humanos dirigida a “avanzar en verdad, justicia y reparación” y crear una política nacional de memoria y patrimonio. Parte integral de estas iniciativas es el Plan de Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia que pretende esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. Este plan pretende reconstruir las trayectorias de las personas desaparecidas, establecer responsabilidades, ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos.

Hoy las calles de Santiago son escenario de actividades llenas de emoción sobre un pasado que se mantiene presente para muchas personas y que otras todavía insisten en negar. Se respira esperanza, pero también conflicto. No hay consenso sobre cómo cambiar la constitución, o sobre políticas públicas específicas, pero sí hay consenso de no regresar. Aquí aprendo la importancia de recordar para no repetir, de la memoria colectiva para construir nuevas rutas posibles. Este país nos invita a recordar y reconstruir. Aceptemos la invitación.