Desde el 2021 se han presentado 14 medidas en la Asamblea Legislativa para restringir el aborto. Una de estas fue el PS 693, que fue aprobado por el Senado y pretendía prohibir el aborto a las 22 semanas. Otra medida, el PC 1084, pretendía prohibir el aborto desde que se detectara lo que denominaron como el “latido fetal”. Una tercera medida fue el PC 715, que pretendía enmendar el Código Penal para incluir como asesinato en primer grado el asesinato de una mujer embarazada y la muerte del nasciturus, como doble asesinato o cuando una agresión provocara su muerte. Una cuarta, el PC 1410, pretendía que se celebrara un referéndum para enmendar la Constitución para reconocer el derecho a la vida del concebido. Estas cuatro medidas fueron derrotadas en la Cámara de Representantes.

Hay otros cinco proyectos en trámite legislativo para, de algún modo, restringir el aborto; imponer requisitos innecesarios a los y las proveedoras del servicio de aborto, a las clínicas, al Departamento de Salud y a las aseguradoras; y crear delitos. Entre estos cinco se encuentra el PS 495, para imponer requisitos innecesarios para obtener el servicio de aborto a las menores de 18 años.

Por otra parte, también a comienzos de este cuatrienio se presentaron dos proyectos de ley (PS 184 y PC 683), que pretendían prohibir en Puerto Rico las terapias de conversión, que han sido calificadas a nivel internacional como tortura. Al no ser aprobadas, se dejó sin protección a las personas menores de edad gays, lesbianas, trans e intersexuales. Los más recientes proyectos, PC 1740 y PC 1741, pretenden, respectivamente, prohibir que en las agencias del gobierno se provean baños inclusivos, mixtos o neutros y prohibir que las mujeres trans puedan ser ingresadas en la cárcel de mujeres.

Ninguno de los proyectos para restringir el aborto ha logrado demostrar que exista un problema de salud pública en Puerto Rico en esta área que amerite ser atendido. Ninguno incluía excepciones por agresión sexual, incesto o violencia doméstica, tampoco el PS 495. Este último realmente pretende restringir el aborto de las menores de 18 años y dificultar aún más su acceso con la imposición del consentimiento parental o de un tribunal. Lamentablemente, de ser aprobado, va a llevar a las menores al embarazo forzado y no deseado, lo que constituye una violación de sus derechos humanos y constitucionales.

Respecto a los únicos proyectos dirigidos a proteger a las personas menores de edad LGBTTIQ+, estos no fueron aprobados, a pesar de que durante las vistas públicas se documentó la existencia de este problema en Puerto Rico y el daño irreversible que ocasionan esas terapias. Los últimos dos proyectos, para eliminar derechos respecto al uso de baños inclusivos en el gobierno y sobre el lugar de confinamiento de las personas trans, adolecen de la falta de documentación de un problema social o con la normativa existente.

Estamos ante una agenda anti-derechos humanos, específicamente contra las mujeres, las personas gestantes y las personas de la comunidad LBGTTIQ+. Es necesario continuar educando a la ciudadanía para que no permita que el fundamentalismo le arrebate sus derechos. Promovamos la educación integral en sexualidad; la enseñanza con perspectiva de género; el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso al aborto legal y a la gama de servicios de salud sexual y reproductiva. Tampoco podemos permitir que se acalle la voz de una persona defensora de los derechos humanos y constitucionales que denuncie esta agenda en los foros pertinentes, porque mañana pueden añadir a esta agenda limitar el derecho a la libertad de expresión.