La opacidad, la secretividad, la negación y todas las estrategias que las sostienen son contrarias al objetivo y a los propósitos que animaron la lucha para obtener la Ley para la Intervención y la Prevención de la Violencia Doméstica en Puerto Rico, conocida como Ley 54. Múltiples organizaciones de mujeres, algunos sindicatos, organizaciones de profesionales, investigadoras, académicas y muchísimas personas sobrevivientes de esta violencia se unieron para arrancar a los poderes políticos una ley integral contra el maltrato en la pareja.

El activismo en torno a esa ley pretendía sacar la violencia del espacio privado y romper con las ideas generalizadas recogidas en frases tales como: “los trapos sucios se lavan en casa” y “en cosas de matrimonio nadie se debe meter”. Con esas y otras visiones se colocaba y aún se coloca la violencia que ocurre en las relaciones de pareja en una burbuja intocable por el Estado, las familias, las amistades y las vecindades.

Esa burbuja de secretividad, privatización, negación y vergüenza mantenía entonces la violencia y el maltrato en la pareja protegidos y tolerados por el propio sistema y por la cultura. Se trabajó arduamente durante los años 70 y 80 para crear conciencia de que esa violencia no es meramente personal y privada, sino que se sostiene de la complicidad de importantes instituciones públicas, sociales y políticas.

La Exposición de Motivos de la Ley 54 recoge esta perspectiva cuando señala que: “[l]as ideas, actitudes y conductas discriminatorias también permean las instituciones sociales llamadas a resolver y a prevenir el problema de la violencia doméstica y sus consecuencias”.

La Policía confirma que el asesinato de Sandra Bones fue un crimen de violencia de género

Sabíamos que tomaría tiempo implantar los remedios que incluía la medida. Sabíamos que una ley no es suficiente para erradicar un problema milenario, pero que proveería remedios a las personas victimizadas y enviaría un mensaje importante y simbólico al país, un mensaje de condena y no de condonación de la violencia.

Pero el sistema de justicia ha burocratizado las medidas de la ley a tal grado que mientras más oficinas, más cortes especializadas y más profesionales se reclutan para poblarlas, menos órdenes de protección se emiten y menos casos criminales pasan de la vista para el arresto. Mientras esa burocracia jurídica se entronizaba, las jóvenes del país recibían mensajes de igualdad de derechos y de libertad. Son esas jóvenes mujeres quienes están sufriendo el impacto de la dejadez con que el sistema maneja los miles de casos que recibe cada año.

Ellas creen tener derechos, creen que la ley y el sistema de justicia les protege. El sistema las recibe, les hace llenar formularios, a algunas les ofrece la compañía de una intercesora, pero les requiere defender sus peticiones de órdenes de protección como si se tratara de un pleito civil ordinario entre particulares. Les requiere establecer los elementos de los delitos imputados como si fueran fiscales conocedoras del derecho, de las reglas procesales y de evidencia.

Las medidas de naturaleza preventiva, educativas, de apoyo y consejería para las personas victimizadas tampoco han sido atendidas adecuadamente. Esa tarea está pendiente. Esta ausencia de apoyo y fortalecimiento propicia que una mujer joven que sale de una relación maltratante inicie otra relación de pareja con un individuo que a pocos meses le priva de la vida.

Las agencias gubernamentales han dejado de lado la educación a la comunidad y el apoyo a las mujeres requerido para romper con los múltiples mitos y malentendidos que son el fuego que alimenta las concepciones sobre la relación de pareja y los roles diferenciados de quienes la componen. Esos roles enseñados y repetidos por todo el entorno social y cultural y la idea del amor romántico que equipara el control con el amor, lleva a unos a matar cuando pierden control sobre su pareja y a otras a no poder identificar el peligro que les acecha.

Romper con esos mitos y visiones es la tarea del país. La obligación de debida diligencia ante la violencia es del Estado en todas sus dimensiones – legislativa, ejecutiva y judicial.