Cada vez que el país se enfrenta a procesos que generan debate público, serias y válidas críticas de la ciudadanía a la gestión gubernamental, no falla, algún legislador o legisladora presenta un proyecto de ley sobre el tema del aborto.

Este es un asunto que hace décadas se atendió en Puerto Rico y no hay necesidad de reglamentación adicional. No conocemos de malas prácticas entre las clínicas que proveen el servicio, no conocemos de jóvenes obligadas por familiares o amistades a practicarse un aborto, no conocemos de muertes de mujeres como resultado de una terminación de embarazo. En todo caso, lo que correspondería sería ampliar el acceso para todas las mujeres que necesiten dicho servicio de forma gratuita.