Dr. Julio Fontanet Maldonado – Inter Derecho – El residenciamiento: lo peor y lo mejor de la política de EEUU

El debate generado por el proceso de residenciamiento del presidente Trump ha sido muy polarizado: básicamente, independientes y demócratas versus republicanos. Ese debate ha sido ilustrativo de lo mejor y lo peor de la política estadounidense y de la facilidad con que se incurre en discurso demagógico y en información falsa. 

Al culminar el primer año de presidencia de Trump, ya se especulaba con la posibilidad de iniciar un proceso de residenciamiento en su contra. Se hablaba de sus vínculos con empresarios y el gobierno rusos que colaboraron en su campaña, sin olvidar otros señalamientos sobre el financiamiento ilegal de ésta, incluido el pago a una mujer para garantizar su silencio sobre una relación íntima con el presidente. Después vino el Informe Muller, que, aunque revelador, no fue recibido con gran entusiasmo por los congresistas demócratas, particularmente por aquellos de mayor antigüedad, debido a dos posibles escenarios: que era más fácil vencer en las elecciones de 2020 a Trump que al vicepresidente Pence; y, además, que el proceso de residenciamiento podría fortalecer sus pretensiones de reelección al proyectarlo como una víctima. Así, pues, consideraciones ajenas a los méritos de la conducta del presidente fueron decisivas para no iniciar el proceso en aquel entonces.

Más recientemente —y como consecuencia de la información provista por un “whistleblower”—, comenzó una investigación que pasó luego a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes y ya la Cámara en pleno aprobó (por votación partidista) los dos artículos de residenciamiento: abusos de poder y obstrucción de los trabajos del Congreso. Debemos recordar el azaroso proceso que se llevó a cabo en la Comisión de lo Jurídico, en el cual vimos funcionarios de carrera del gobierno declarando valientemente sobre la intervención del presidente con los fondos asignados por el Congreso a Ucrania con el propósito de condicionar estos a que el gobierno de dicho país realizara una investigación en contra del hijo del candidato Joe Biden. Fue impresionante escuchar los testimonios de esos funcionarios que sabían que iban a estar sujetos a ataques personales por parte de todo el andamiaje de Casa Blanca. Fue patético, además, conocer que otros testigos con información valiosa sobre la investigación fueron instruidos por el presidente para que no declararan ante la Comisión y que acataron esa directriz.

Superado el proceso de inducción de cargos, procede pasar a la etapa de juicio, a realizarse en el Senado. Sin importar lo contundente de la prueba en contra de Trump, es improbable que los senadores republicanos —mayoría en dicho cuerpo— voten a favor de encontrarlo culpable. El portavoz de la mayoría, el senador McConnell, incluso expresó que se había reunido al respecto en varias ocasiones con funcionarios de Casa Blanca ¡para discutir la estrategia a seguir!!!!!! Eso es tan inconcebible como que un acusado se reúna con el jurado para discutir la presentación del caso y, encima, en ausencia del fiscal. El proceso ya carece de imparcialidad, elemento indispensable en todo proceso adjudicativo.

Esto último es muy penoso, máxime si tomamos en consideración que uno de los grandes aciertos en la redacción y aprobación de la Constitución de los Estados Unidos fue la incorporación del proceso de residenciamiento, con lo que se pretenden limitar las posibilidades de abuso de poder del presidente, ello a tono con la óptica antimonárquica de los fundadores de ese país. Es encomiable que, independientemente de consideraciones electorales, los representantes demócratas votaran a tono con la prueba presentada en la Cámara. Ciertamente, les era muy conveniente esperar a noviembre de 2020 en lugar de actuar. Ahora todo pasa al Senado, donde parece que lo electoral prima sobre cualquier otra consideración, incluida la prueba existente sobre la conducta del presidente.

Habrá que esperar a noviembre de 2020 para ver cómo los electores reaccionan. Esto último podría ser determinante para fortalecer o debilitar la facultad del Congreso para residenciar y limitar los abusos de poder de un futuro presidente.